La inspección que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizó el 31 de agosto en la Refinería de Cadereyta seguía sin resultados definitivos publicados al 21 de septiembre, mientras persiste la incertidumbre por los malos olores reportados en distintos sectores de la zona metropolitana de Monterrey.
El Gobierno de Nuevo León ha sostenido que existen indicios de que emisiones de la planta fueron desplazadas por el viento. Sin embargo, esa atribución no equivale todavía a una conclusión técnica federal pública: no se ha confirmado qué proceso específico habría originado los olores ni si la revisión detectó irregularidades.
Los reportes más intensos se ubicaron entre el 23 y el 26 de agosto. Vecinos describieron rachas de olor comparables con azufre quemado, gas, amoniaco, plástico quemado, pescado podrido o materia en descomposición. Son percepciones de quienes lo vivieron, no una identificación química confirmada.
Algunos residentes señalaron que el olor entraba a sus viviendas a través de sistemas de aire lavado y que los episodios podían prolongarse hasta dos horas. Ante ello, dijeron, buscaban resguardarse o mantener cerrados los espacios de sus casas.
El 3 de septiembre, Pemex, Semarnat, ASEA y autoridades de Nuevo León sostuvieron una reunión técnica. Tras ese encuentro anunciaron un refuerzo del monitoreo y del intercambio de información sobre las emisiones relacionadas con la refinería.
Ese mismo día, el gobernador Samuel García afirmó que había indicios de que el viento trasladó emisiones desde Cadereyta hacia otros puntos de la zona metropolitana. También reconoció que el Gobierno estatal no tiene atribuciones para clausurar o sancionar la planta, una facultad que corresponde a autoridades federales.
Un día después, García informó que operarían dos estaciones de monitoreo las 24 horas para vigilar emisiones vinculadas con la instalación. Al corte de la investigación, no se habían precisado públicamente su ubicación ni datos de operación.
La administración estatal sostuvo además que los olores investigados no serían tóxicos ni causarían enfermedades. En la información revisada no se identificó un dictamen independiente que confirmara o refutara esa postura, ni cifras verificadas de hospitalizaciones, diagnósticos médicos, evacuaciones o daños materiales relacionados directamente con los episodios.
La presión para transparentar el caso también llegó al terreno político. El 18 de septiembre, Luis Donaldo Colosio Riojas pidió modernizar ambientalmente la refinería y hacer públicos los resultados de la inspección de ASEA.
El debate ocurre en una comunidad donde la planta representa dos realidades que conviven: para residentes, los olores han alterado actividades cotidianas; para miles de familias, la refinería es una fuente de empleo y sustento. La conclusión pendiente de ASEA será clave para establecer el origen de los episodios y definir si procede alguna medida correctiva o sanción.
