Lorenzo Córdova respondió a las exigencias de Morena sobre contratos electorales por 2 mil 461 millones de pesos y apoyó la investigación, pero exigió que no se proteja a ningún integrante de su adversario político si resulta involucrado: “¡X2!… Nomás que si sale involucrado algún morenista… no vayan a tender, como siempre lo hacen, un manto de impunidad. ¿Les parece?”.
La cifra difundida por Morena corresponde a contratos adjudicados entre 2014 y 2025 a cinco empresas que, según la información en revisión, habrían estado vinculadas entre sí. Los nombres y montos atribuidos son: Cajas Graf, 1,072.88 millones de pesos; Formas Finas y Materiales, 815.96 millones; Corporativo ZEG, 278.72 millones; Comercializadora JVLY, 208.40 millones; y Seriplast de México, 85.12 millones. Ese cálculo se refiere a contrataciones con organismos públicos locales electorales (OPLE) y, por sí solo, no constituye una determinación de daño patrimonial ni de responsabilidad legal.
El Órgano Interno de Control (OIC) del INE incluyó en su revisión 106 contrataciones de material electoral y 53 procedimientos de licitación pública; además mencionó 18 expedientes y cinco funcionarios imputados por faltas graves. Entre los hallazgos preliminares se citan posibles sobreprecios, incumplimientos y datos inconsistentes en registros fiscales y laborales; la existencia de estos señalamientos permanece sujeta a la fiscalización en curso.
Morena calificó la operación como una “mafia electoral” y pidió a Córdova, a los consejeros Ciro Murayama y Edmundo Jacobo que “den la cara” y expliquen qué medidas adoptaron para evitar la concentración de contratos, además de que se investigue quién autorizó, supervisó y se benefició de las contrataciones. Claudia Sheinbaum cuestionó que, según su versión, Córdova no hubiera actuado si ya se conocía el presunto duopolio vinculado con los hermanos Hernández Casillas.
Córdova, en contraste, afirmó en una entrevista que su gestión fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que en 2022 solicitó una auditoría especial; dijo no temer nuevas revisiones y sostuvo que no permite que la inspección histórica sirva como “cortina de humo” para desviar responsabilidades ligadas a la administración de Guadalupe Taddei, exdirectora del INE.
Raquel Buenrostro aclaró que los montos inicialmente difundidos provinieron de fuentes abiertas y de la Plataforma Nacional de Transparencia, y advirtió que el posible daño al erario podría variar una vez revisadas auditorías que no están públicas. La consejera presidenta del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que las diez consejerías coincidieron en presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Taddei por irregularidades detectadas.
Según el OIC, la fiscalización debía concluir en noviembre de 2026 y las observaciones firmes publicarse en el portal de transparencia a principios de enero. La revisión de expedientes y las denuncias ante la Fiscalía continuarán mientras se define si los señalamientos configuran responsabilidades administrativas o penales.
