La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 2 de octubre la creación de un grupo de trabajo para preparar un decreto que obligue a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia. La medida fue presentada un día después del ataque en la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, en el que murió la subdirectora del plantel.
Sheinbaum dijo que buscará “exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento que encuentren, comunicados y acciones que tiendan a la violencia, al abuso y al acoso” y pidió a las familias supervisar lo que consumen niñas, niños y adolescentes en redes. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el decreto contemplaría obligaciones de detección, reporte y remoción oportuna de material que incite a la violencia y establecería mecanismos de coordinación entre las plataformas y las autoridades.
La Consejería Jurídica, encabezada por Luisa María Alcalde, quedó señalada como la dependencia coordinadora del grupo de trabajo. El gobierno anunció además la participación de la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Educación Pública y el Centro Nacional de Inteligencia, así como de instituciones académicas y especialistas, aunque no se difundió una lista completa de participantes ni un calendario para la propuesta.
La propuesta mantiene abierto el alcance concreto. Al 3 de octubre no se había publicado el decreto ni se habían definido con precisión qué constituye “incitación directa a la violencia”, cómo se tramitarán los reportes y retiros, qué plazos tendrían las plataformas ni cuáles serían las salvaguardas para la libertad de expresión y el debido proceso.
El anuncio retoma además compromisos previos: en marzo el gobierno firmó un acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra mujeres y niñas mediante protocolos y canales de comunicación. Lo que ahora se propone es llevar esas obligaciones a un instrumento jurídico con carácter obligatorio.
La estrategia anunciada no se limita a la remoción de contenidos. Sheinbaum dijo que se reforzarán programas en escuelas —como el ABC de las emociones— se instalarán buzones confidenciales para detectar riesgos y se crearán mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes, con mayor participación de madres, padres y cuidadores.
El ataque que detonó el anuncio ocurrió el 1 de octubre en la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión, municipio de Torreón. La víctima mortal fue identificada en coberturas como Nery Edith Nevárez González, de 56 años. Las versiones sobre heridos varían: la Fiscalía y varias coberturas iniciales reportaron tres lesionados, mientras que otras publicaciones mencionaron cuatro, sin que haya una actualización oficial que aclare la cifra.
Las indagatorias del caso incluyeron la búsqueda de actividad en internet de los presuntos agresores; se localizaron publicaciones relacionadas con armas, pero esas piezas forman parte de la investigación y no constituyen por sí mismas una conclusión sobre las causas del ataque, según las fuentes consultadas.
El gobierno dijo que el grupo de trabajo incorporará especialistas e instituciones académicas para afinar definiciones y mecanismos, pero aún falta por conocer el texto del decreto, los plazos de entrada en vigor y las garantías procesales que se propondrán. Mientras tanto, la discusión pública sobre equilibrio entre seguridad y libertad de expresión se prevé como eje central del debate cuando el instrumento jurídico se haga público.
