El intento de ejecutar a Christa Pike el 30 de septiembre en la prisión Riverbend de Nashville no tuvo el resultado previsto: luego de que el personal penitenciario le administrara dos dosis de pentobarbital, Pike permaneció con vida y fue trasladada a un hospital, donde sus abogados dicen que está inconsciente, en estado crítico y conectada a un ventilador.
La ejecución había sido autorizada tras el levantamiento de una suspensión del Sexto Circuito por la Corte Suprema de Estados Unidos, que votó 6-3 para permitir que procediera la orden. Menos de dos horas antes del horario fijado, el Sexto Circuito había concedido una pausa para revisar si los antecedentes de abuso sexual de Pike se habían valorado correctamente; la Corte Suprema rechazó esa suspensión y la ejecución continuó.
El protocolo vigente en Tennessee contempla 100 mililitros de pentobarbital a 50 mg/ml —equivalentes a 5 gramos— como único agente en el procedimiento. El Departamento de Corrección asegura que se siguió cada paso del protocolo aprobado y que el fármaco ya había sido eficaz en ejecuciones anteriores. Los abogados de Pike, en cambio, presentaron una moción en el Tribunal de Cancillería del condado de Davidson para que se preserven todas las pruebas físicas, escritas y electrónicas relacionadas con el intento de ejecución.
En ese escrito los defensores sostienen que los técnicos usaron al menos siete agujas para lograr acceso intravenoso y que una de ellas fue retirada doblada en un ángulo de 90 grados. También relatan que, al llegar al hospital, ambos brazos de Pike estaban hinchados, quemados y con ampollas, y que ella dijo sentir que el brazo “estaba a punto de estallar”. Esas son alegaciones contenidas en la moción; no provienen de una investigación independiente.
El gobernador Bill Lee dijo que, según la información que tenía, el Departamento de Corrección había seguido el protocolo, pero ordenó una revisión externa para esclarecer por qué el resultado fue distinto al de otras ejecuciones. Además suspendió las ejecuciones programadas en Tennessee por el resto de 2026 y canceló la última prevista para este año. Los abogados de Pike pidieron formalmente que se conmute su pena.
La reacción política y jurídica fue inmediata: la oficina estatal de defensa poscondena calificó el procedimiento como “cruel y torturante”, y la senadora Marsha Blackburn propuso que Tennessee restablezca la silla eléctrica como método alternativo. En tribunales, la disputa sobre los procedimientos y la preservación de evidencia podría prolongarse mientras avanza la revisión ordenada por el gobernador.
Este incidente ocurre luego de una revisión estatal que en 2024 redujo y simplificó el protocolo de ejecución —de 99 a 44 páginas— y cambió de un cóctel de tres fármacos a pentobarbital como único agente. Tennessee retomó las ejecuciones en 2025; en mayo de 2026 otra ejecución fue suspendida cuando el equipo no logró colocar la vía intravenosa de respaldo exigida por el protocolo.
Christa Pike, de 50 años, es la única mujer en el pabellón de la muerte de Tennessee. Fue condenada en 1996 por el asesinato, cuando ella tenía 18 años, de Colleen Slemmer, de 19. El caso vuelve a colocar en el centro del debate las prácticas del estado para aplicar la pena de muerte y la seguridad de los protocolos de inyección letal, mientras una investigación externa y procedimientos judiciales intentan aclarar lo ocurrido.
