Expertos independientes de la ONU instaron al Estado mexicano a garantizar la protección de las mujeres que buscan a personas desaparecidas, tras documentar una serie de agresiones en Sinaloa que, en algunos casos, terminaron en desaparición o asesinato.
Los especialistas señalaron que la búsqueda de personas desaparecidas es una responsabilidad primordial del Estado y advirtieron que no puede trasladarse la carga de la investigación y la seguridad a las familias. Además, describieron la violencia contra las buscadoras como un fenómeno con características de género: agresiones que buscan sancionarlas por ocupar el espacio público y desafiar roles tradicionales.
En su llamado, los expertos pidieron al gobierno mexicano prevenir, investigar, sancionar y reparar los ataques; reconocer públicamente la labor de las buscadoras; y garantizar su participación segura en las búsquedas e investigaciones. También respaldaron la designación del 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, pero advirtieron que ese reconocimiento debe traducirse en medidas concretas de protección.
Los hechos citados por la ONU incluyen agresiones recientes en Sinaloa que han afectado a colectivos de familiares. Entre los casos más relevantes está el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, hallada muerta en Mazatlán el 27 de febrero de 2026; la Fiscalía estatal informó que presentaba lesiones atribuibles a un arma punzocortante y, posteriormente, detuvo a un hombre como presunto responsable. Otra integrante del mismo colectivo, María de los Ángeles Valenzuela, fue reportada como desaparecida en octubre de 2025.
A finales de agosto de 2026 también se reportaron nuevos episodios: la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla y una agresión contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, quien fue atacada junto con su hija y dos menores. El 1 de septiembre, integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán. Los documentos consultados apuntan a inconsistencias en algunas fechas reportadas localmente —por ejemplo, sobre el primer reporte de ausencia de Bonilla— y no precisan el estado de salud de las personas atendidas tras la agresión a Rojo Medina.
Los expertos de la ONU recordaron que estas agresiones ocurren en un contexto de impunidad persistente. En 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó al Estado mexicano reconocer formalmente a las buscadoras como defensoras de derechos humanos, incorporarlas al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas e implementar medidas preventivas y protocolos colectivos con perspectiva de género. CEDAW también documentó que, entre 2010 y 2024, al menos 22 buscadoras fueron asesinadas.
Organismos internacionales y tribunales regionales han subrayado que la protección de defensores y defensoras exige medidas proactivas de las autoridades. El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha señalado que las iniciativas de familiares y representantes son cruciales para el avance de muchas búsquedas, pero advirtió que esa participación debe ocurrir en condiciones de seguridad y con apoyo institucional.
Lo que falta por aclarar es, según los expertos, un diagnóstico nacional actualizado sobre agresiones a buscadoras, cifras claras de investigaciones y de sentencias, y la situación procesal definitiva de los casos en curso: una detención, por ejemplo, no equivale todavía a una resolución penal definitiva. Tampoco hay información pública completa sobre el estado de salud de quienes resultaron heridas en las agresiones de agosto.
La declaración de los expertos insta al Estado a coordinarse con autoridades estatales y federales para crear protocolos homogéneos con perspectiva de género, ofrecer protección preventiva adaptada a las actividades de búsqueda y reconocer oficialmente el trabajo de las buscadoras. El llamado concluye en que la visibilidad internacional —como el día del 19 de diciembre— debe ir acompañada de acciones concretas para evitar que más mujeres paguen con su vida por buscar a sus desaparecidos.
Tiempo Regio continuará dando seguimiento a las investigaciones y a las medidas que tomen autoridades federales y de Sinaloa en respuesta a las recomendaciones de la ONU.
