La jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos concedió el amparo 575/2026 a Vadhir Derbez y protegió al actor frente a la orden de aprehensión emitida el 24 de abril por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en una investigación por presunta violación. La sentencia, fechada el 15 de julio, cuestionó que el juez de control haya considerado suficientes los argumentos del Ministerio Público sin explicar cómo acreditaban el hecho y la probable participación del imputado.
El fallo federal puso en duda, entre otros puntos, el alcance de los dictámenes médicos y psicológicos y la fidelidad de la traducción de la declaración de la denunciante —quien no habla español—; señaló que no consta quién actuó como intérprete ni si existían registros en el idioma original. La jueza también estimó insuficientes las diligencias que, según la Fiscalía, acreditaban un riesgo de fuga.
La FGJCDMX informó el 6 de noviembre que la orden de aprehensión quedó sin efectos por el amparo, que la carpeta de investigación permanece abierta y que Derbez puede ser citado a audiencia inicial sin detención previa. La defensa, encabezada por Enrique González Casanova, sostiene que la resolución es de fondo y que la orden fue declarada inconstitucional.
En octubre pasado, el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Penal concedió una suspensión de plano y se declaró incompetente para continuar el expediente, que el Juzgado Decimoprimero de Distrito ya había intervenido. La Fiscalía reportó siete gestiones de citación presencial en seis domicilios sin notificación concretada; la defensa niega que Derbez esté escondido y dice que las citaciones se hicieron en domicilios donde no reside.
Derbez ha negado las acusaciones y denunció, a su vez, un intento de extorsión por 350 mil dólares; también presentó una contrademanda. Su hermano, José Eduardo Derbez, dijo que Vadhir vive en Estados Unidos y expresó no entender por qué se le buscaba en México.
La sentencia de amparo dispuso que la orden quedará insubsistente una vez que la resolución cause ejecutoria; la información disponible no confirma que esa condición se haya cumplido. La Fiscalía presentó un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, que decidirá si confirma, modifica o revoca la protección.
