Sin la fuerza laboral migrante, las economías más ricas del planeta colapsarían. Mientras campañas electorales de políticos imperialistas se inundan de promesas sobre muros más altos, deportaciones masivas y un control fronterizo militarizado, las cocinas de sus restaurantes, los campos de cultivo y los motores de sus empresas muestran una realidad distinta.
Lejos de ser una carga, la migración se ha convertido en el pilar silencioso que sostiene el estilo de vida y el crecimiento del llamado “Norte Global”. Las grandes potencias no solo dependen de ella, en muchos casos, se aprovechan de su vulnerabilidad jurídica para maximizar beneficios.
El caso de Estados Unidos es el más paradigmático. Según datos del Pew Research Center y del Departamento de Agricultura de EUA (USDA), aproximadamente la mitad de los trabajadores agrícolas del país son indocumentados. Frutas y verduras que llegan frescas a los supermercados de Michigan, Nueva York, Washington o California son recolectadas por gente que carecen de estatus legal. Sectores como la construcción, la hotelería y el cuidado de personas mayores, un sector crítico ante el envejecimiento demográfico, están sostenidos por mano de obra extranjera.
Durante la pandemia de COVID-19, el propio gobierno estadounidense clasificó a gran parte de esta fuerza laboral como trabajadores esenciales, pero paradójicamente muchos de ellos hoy siguen siendo deportables.
En Europa el panorama no es distinto, países como España, Francia, Italia y Grecia dependen de los migrantes para sostener su competitividad agrícola en la Unión Europea. Economías como la de Alemania o Suiza, con un severo declive demográfico, reconocen abiertamente la necesidad de atraer a más trabajadores extranjeros para mantener su sistema de pensiones y su capacidad industrial.
¿Por qué el sistema prefiere mantener a millones de personas en la irregularidad en lugar de regularizar su situación? La respuesta es netamente económica (capitalista): La vulnerabilidad es rentable.
Un trabajador sin papeles es un trabajador que difícilmente denunciará abusos laborales o salarios por debajo del mínimo por miedo a la deportación, no genera costos de seguridad social o prestaciones de desempleo para las empresas que los contratan, acepta jornadas extenuantes y condiciones deplorables que la mano de obra local rechazaría.
Esa desigualdad e injusticia permite a las economías desarrolladas mantener los precios de los servicios y alimentos artificialmente bajos, por medio de la sobre-explotación de los migrante. Es un secreto a voces, el sistema capitalista ha diseñado una subclase trabajadora global que asume los costos de la producción sin disfrutar de los derechos de la ciudadanía: Los migrantes.
Uno de los argumentos más recurrentes de la retórica antiinmigración es las supuestas “perdidas” que los migrantes causan al erario público. Sin embargo, los estudios económicos rigurosos desmienten totalmente esa idea. Instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han demostrado que la contribución fiscal de los migrantes es muy considerable.
En EUA, el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) estima que los inmigrantes indocumentados pagan millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales para servicios y pensiones que lamentablemente, ellos mismos no podrían reclamar.
En España los migrantes son fundamentales para la economía y el sistema de bienestar. Ellos aportan cerca del 10% de todos los ingresos de la Seguridad Social y representan el 25% del crecimiento del PIB, ayudando a sostener el mercado laboral frente al envejecimiento poblacional.
Ese discurso que usa esa patraña de la “soberanía nacional” y el rechazo al extranjero funciona muy bien para ganar elecciones usando a las masas incultas e ignorantes; pero la realidad económica siempre termina imponiéndose por encima de esos cuentos.
Las grandes potencias industriales se encuentran atrapadas en su propia hipocresía, pues exigen fronteras cerradas en los mítines políticos, pero mantienen las puertas traseras abiertas en los centros de producción. Criminalizar al migrante mientras se depende de su sudor para mantener el Producto Interior Bruto no es solo un acto de miopía económica; es una profunda quiebra moral.
Si las potencias económicas quieren seguir compitiendo y sobreviviendo en el siglo XXI, deben dejar de tratar la migración como una crisis invasiva y empezar a gestionarla como lo que realmente es: El recurso vital que mantiene a los grandes países en pie.
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