La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha decidido retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral. La medida fue anunciada el 28 de agosto de 2026, tras una nueva evaluación técnica de riesgo realizada por la entidad.
Según la UNP, no se encontraron elementos suficientes que justificaran la continuidad de los esquemas de protección. A los afectados se les ha brindado la posibilidad de apelar esta decisión, pudiendo presentar sus recursos dentro de un plazo de diez días.
El caso de Gabriela Muñoz es particular ya que su esquema de protección fue asignado en junio de 2026 y ha estado bajo revisión desde entonces. En el caso de Beto Coral, su protección fue aprobada rápidamente después de su deportación de Estados Unidos, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento.
Para entender el contexto de esta decisión, en julio de 2026, la UNP se pronunció públicamente sobre la controversia en torno al esquema de Beto Coral. El 20 de agosto de ese mismo año, Gabriela Muñoz se manifestó en redes sociales, alegando que recibía amenazas que habían sido denunciadas ante la Fiscalía.
La evaluación de la UNP se produce en un marco de cuestionamientos sobre la asignación de esquemas de protección a figuras asociadas al petrismo y sobre el costo que implican para el Estado, que asciende a cerca de 40 millones de pesos mensuales, según reportes.
Gabriela Muñoz, en una reciente grabación, afirmó que su situación no es un “escándalo reciente”, asegurando que las amenazas han sido formalmente denunciadas. Por su parte, la UNP reiteró que las medidas de seguridad se revisan de acuerdo con procesos técnicos establecidos.
Actualmente, la UNP ya ha ejecutado el retiro de los esquemas de seguridad y los afectados tienen la posibilidad de presentar apelaciones dentro del periodo estipulado. Este escenario marca un nuevo giro en un caso que ha sido objeto de scrutiny durante las últimas semanas.
