El domingo 11 de octubre una marcha por el abastecimiento y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara salió de la glorieta de La Minerva rumbo a Casa Jalisco y terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales.
El Gobierno de Jalisco informó que fueron detenidas 39 personas —21 hombres y 18 mujeres—, que 28 policías resultaron lesionados, dos de ellos en estado grave (uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo), y que 31 civiles necesitaron atención médica. La versión oficial señaló que la protesta transcurrió de manera pacífica durante las primeras horas y que la violencia ocurrió al llegar a la residencia oficial, cuando se retiraron vallas y se lanzaron piedras, palos y petardos.
Autoridades reconocieron el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos para contener los disturbios. El coordinador general de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, aseguró que la intervención respondió a agresiones contra policías y asistentes. El gobernador Pablo Lemus atribuyó los actos violentos a un “grupo de choque” ajeno a la movilización y anunció que la Fiscalía revisará caso por caso las detenciones y las grabaciones del operativo para determinar posibles sanciones por exceso de fuerza.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente a Lemus explicar por qué se emplearon chorros de agua y agentes químicos y solicitar que se den a conocer las identidades de las personas detenidas. “No estamos de acuerdo con la represión”, dijo Sheinbaum, aunque también rechazó la violencia registrada durante la protesta.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) recibió cinco quejas por presunto abuso de autoridad y abrió el acta de investigación número 41; además dictó medidas cautelares para garantizar la atención médica de las personas detenidas y que su situación jurídica se resolviera con prontitud.
La Universidad de Guadalajara reportó la detención de tres estudiantes —dos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño— y tanto la UdeG como el ITESO demandaron el esclarecimiento de las detenciones y garantías sobre los derechos de quienes fueron arrestados.
Las cifras sobre la asistencia a la movilización difieren: el Gobierno estatal habló de alrededor de 10 mil personas, mientras que el coordinador de Seguridad estimó 4 mil 500 en el trayecto; un análisis de investigadores de la UdeG calculó una asistencia superior al doble de la estimación oficial.
La Fiscalía estatal informó liberaciones de algunas personas detenidas en la noche del domingo y la madrugada del lunes, aunque señaló que las investigaciones continuarían para quienes permanecieran sujetos a indagatoria. Diferentes reportes sobre liberaciones dieron cifras dispares en los primeros cortes informativos.
El trasfondo de la protesta son quejas vecinales por cortes de agua, así como por episodios de agua turbia y con mal olor que, según organizaciones y manifestantes, se han agravado desde marzo y podrían estar relacionados con descargas en la presa de Las Pintas; esas denuncias no constituyen una determinación oficial sobre el origen de la contaminación.
Las autoridades estatales anunciaron la revisión de grabaciones y la investigación de cada caso para definir responsabilidades; la CEDHJ mantiene también abierta la investigación administrativa sobre la actuación policial.
