El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón no ha aplicado justicia de manera ideal. Y, aunque ha tratado de castigar a todos los funcionarios involucrados en la pasada administración, ha perdonado y aplicado sanciones insignificantes.
En uno de sus mensajes de campaña más icónicos, Rodríguez Calderón llegó a prometer que «se les acabo la fiesta a los bandidos», asegurando que iba a combatir sin cuartel los actos de corrupción.
Sin embargo, no aclaró que su promesa sólo aplicaría a administraciones anteriores, como el sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz, y no a quienes estén involucrados durante su administración.
Incluso para el mismo exgobernador, no ha podido permanecer entre las rejas a pesar de que ha sido acusado de desviar recursos en la actual administración. De hecho, muchos de los grandes han sido exonerados o no han sido investigados a fondo.
El caso más emblemático y que a la fecha sigue siendo uno de los asuntos más bochornosos de la administración de Jaime Rodríguez ocurrió en diciembre de 2015, cuando el exsubsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, en colusión con el todavía director de Adquisiciones, Gonzalo Padilla Orozco, y la empresa Comercializadora Mirof, realizó la compra simulada de 200,000 cobertores, mismo que se estima, habría defraudado al erario en casi $30 millones.
