Maribel Guardia desistió de buscar convivencias con su nieto José Julián, al afirmar que temía que la primera visita fuera usada para formular acusaciones contra ella o su esposo, Marco Chacón.
La actriz difundió un video acompañada de Chacón y de su abogado, Alonso Beceiro, en el que explicó que renunciaba a la convivencia que presuntamente estaba próxima a conseguir. "No lo hacía por haber dejado de amar a su nieto, sino por temor a que el encuentro fuera usado para perjudicar a la familia", dijo Guardia en la grabación.
Beceiro respaldó la decisión y sostuvo que, según la información reunida por su equipo, la reanudación del contacto podría facilitar denuncias de maltrato contra Guardia o Chacón. Ambos señalaron la existencia de un dictamen psicológico privado presentado por la contraparte que, según ellos, atribuiría agresiones al entorno paterno; el contenido íntegro de ese informe no fue difundido.
El conflicto judicial entre Guardia e Imelda Garza Tuñón se remonta a noviembre de 2024, cuando Guardia presentó una demanda familiar para solicitar la custodia provisional del menor. En enero de 2025 Guardia denunció a Garza Tuñón por presunta violencia familiar y omisión de cuidados; entonces el Ministerio Público ordenó un resguardo provisional de diez días del niño con Guardia, tras lo cual las autoridades dispusieron su regreso al domicilio materno.
Guardia promovió recursos para revertir decisiones sobre la custodia, pero la cronología del litigio indica que los tribunales familiares desecharon las impugnaciones y que Garza Tuñón conservó la patria potestad. El 26 de marzo de 2026 Guardia se desistió formalmente de la disputa por la guarda; desde entonces el proceso se enfocó en la posibilidad de visitas supervisadas.
En marzo de 2026 un juzgado familiar ordenó valoraciones psicológicas a ambas partes para evaluar convivencias quincenales supervisadas en instalaciones judiciales. El 2 de octubre de 2026 un juez de control de la Ciudad de México ratificó medidas de protección solicitadas por Garza Tuñón, que incluyeron restricciones de acercamiento, comunicación e intimidación, así como limitaciones para difundir información o imágenes del menor.
La defensa de Maribel aseguró haber conocido el peritaje privado presentado por la contraparte y advirtió que ese documento podría ser usado para atribuir agresiones a la familia paterna durante una primera convivencia. Esas alegaciones provienen de la actriz y de su abogado; no se ha presentado en la documentación disponible una resolución judicial que confirme la existencia de un plan para fabricar acusaciones ni el texto íntegro del dictamen privado.
