El Senado aprobó el 20 de octubre de 2026 la minuta para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a aceptar medios de pago digitales en trámites y servicios y otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar sectores y actividades donde esos medios puedan convertirse en la única forma de pago.
La minuta, integrada por 22 artículos y cinco transitorios, fue avalada en lo general por 72 votos a favor y 34 en contra; los artículos reservados se aprobaron con 72 votos a favor y 37 en contra. El proyecto había pasado por la Cámara de Diputados el 6 de octubre y, luego del aval del Senado, fue remitido al Ejecutivo federal. El decreto establece que la ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El texto obliga a las autoridades a habilitar infraestructura, informar los medios de pago que aceptan y atender contingencias. Entre las formas previstas figuran códigos QR, NFC, tarjetas de débito y crédito y órdenes de transferencia —incluida la domiciliación—, además de otros dispositivos e interfaces que reconozcan las autoridades competentes. El artículo que define contingencia la describe como un evento extraordinario, imprevisto o inevitable que afecta temporalmente la operación de la infraestructura o los servicios de pago.
La ley no establece una eliminación general e inmediata del efectivo: el artículo 15 permite el uso de efectivo y cheques cuando una contingencia imposibilite recibir medios digitales, y el artículo 16 prohíbe que las contingencias justifiquen de forma permanente o recurrente el incumplimiento de obligaciones. El transitorio tercero da a la SHCP 15 días hábiles desde la entrada en vigor para determinar los sectores y actividades estratégicas; el transitorio cuarto concede 15 días hábiles adicionales a las autoridades sectoriales para emitir las disposiciones administrativas y fijar los plazos de transición gradual.
En el debate, legisladores oficialistas presentaron la digitalización como una vía para modernizar el sistema financiero, ampliar la inclusión económica y facilitar operaciones de micro, pequeñas y medianas empresas. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que la norma no obliga que todas las operaciones sean exclusivamente digitales y que la implementación será gradual.
Opositores advirtieron riesgos para comercios y usuarios. Senadores del PRI señalaron que la propuesta limita la libertad de elegir el medio de pago y podría trasladar costos a pequeños negocios; Movimiento Ciudadano y el PAN alertaron sobre la posible exclusión de personas sin acceso a banca o conectividad y sobre riesgos de intervención fiscal en los ingresos de trabajadores. Esas propuestas de modificación, presentadas por senadores de PAN, PRI y Morena, no fueron aceptadas en la votación.
La minuta incorpora además mecanismos como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para la contratación digital de servicios financieros y otorga facultades al Banco de México para impulsar transferencias electrónicas, homologar la experiencia de uso de aplicaciones y promover pagos QR en terminales.
Con la remisión al Ejecutivo comienza el plazo para la publicación en el Diario Oficial; una vez publicada, se activarán los plazos de la SHCP y de las autoridades sectoriales para definir alcances y transiciones.
