Grupo Financiero Banorte refuerza su compromiso con la integridad financiera frente a la nueva legislación.
Grupo Financiero Banorte ha triplicado su inversión en controles y tecnologías para la prevención de lavado de dinero (PLD) como respuesta a la reciente Ley Antilavado en México y la designación de organizaciones criminales como terroristas por parte de Estados Unidos. Este movimiento se produce tras las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra tres instituciones financieras mexicanas, incluyendo CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su presunta implicación en lavado de dinero.
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 16 de julio de 2025, amplía las obligaciones de las instituciones para identificar y reportar a los beneficiarios controladores. Además, establece que no solo se deben informar operaciones concluidas, sino también intentos de operaciones sospechosas en un plazo máximo de 24 horas. Esta normativa también prevé beneficios para las empresas que actúen de manera espontánea, promoviendo la regularización y el diagnóstico del cumplimiento normativo.
Banorte ha intensificado la revisión de la actividad de sus clientes para prevenir cualquier actividad ilícita y asegurar que todas sus operaciones estén en línea con la normativa vigente. Este enfoque es fundamental, especialmente después de las consecuencias adversas que han enfrentado las otras instituciones acusadas, que actualmente están bajo intervención de las autoridades mexicanas y aisladas del sistema financiero estadounidense. A pesar de este panorama complicado, Banorte mantiene una perspectiva optimista de crecimiento y estabilidad financiera para 2025.
En conclusión, utilizando recursos significativos en tecnología, recursos humanos y fortalecimiento de su gobernanza, Banorte busca no solo adaptarse a la nueva normativa, sino también robustecer sus controles para evitar riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Su proactividad en el cumplimiento de estos estándares internacionales es parte integral de su estrategia para mitigar riesgos y asegurar el buen funcionamiento de sus operaciones.
