El 23 de agosto de 2026, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, exigió que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, sea juzgado en lugar de simplemente solicitar una nueva licencia temporal indefinida ante el Congreso de Sinaloa.
Rocha Moya presentó esta nueva solicitud en un contexto de controversia, apenas un día después de haber regresado a su cargo tras una separación de 112 días. El documento fue dirigido al presidente de la Diputación Permanente del Congreso, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien convocó a una sesión extraordinaria para revisar la petición.
En mayo de 2026, el gobernador ya había solicitado una licencia temporal, que fue aprobada por el Congreso, y durante su ausencia, la legisladora Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina. La controversia en torno a Rocha Moya se ha intensificado debido a declaraciones públicas en Estados Unidos que lo vinculan con el narcotráfico, lo que ha generado críticas de la oposición.
El 2 de mayo de 2026, Rocha Moya pidió la primera licencia, que fue aprobada el 7 de mayo del mismo año. Retomó formalmente el cargo el 22 de agosto de 2026 y al día siguiente solicitó nuevamente una licencia indefinida. En su solicitud, el gobernador argumentó que la licenciase debía tramitar conforme al artículo 58 de la Constitución de Sinaloa.
Máynez, en su declaración, afirmó que “no basta una licencia” y que Rocha Moya “debe ser juzgado”. Por su parte, Rocha Moya había mencionado en mayo que su decisión de solicitar la primera licencia respondía a su “profunda convicción republicana” para permitir la actuación de las autoridades mexicanas.
El periodo constitucional de Rocha Moya concluye el 31 de diciembre de 2027. La situación legislativa actual indica que, al 23 de agosto de 2026, el Congreso de Sinaloa está en proceso de revisar la nueva solicitud de licencia, aunque no se ha reportado una resolución final sobre esta cuestión hasta el momento.
