Una compleja red que evidencia complicidades y una alarmante impunidad en México.
El huachicol fiscal, una compleja red de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México, se ha convertido en un problema crítico que evidencia una cadena de complicidades y una alarmante impunidad en el país. Esta operación ilícita ha sido destapada recientemente con el decomiso de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, donde se identificaron empresas involucradas, como Lambrucar, con sede en Houston, Texas, que participan en el transporte y almacenamiento ilegal de este combustible.
Este fenómeno no solo conlleva pérdidas millonarias para el Estado mexicano, sino que también revela un fracaso institucional para impartir justicia, ya que los culpables de este delito rara vez enfrentan consecuencias. En administraciones pasadas, Pemex ha reportado pérdidas por robo de combustible que ascienden a miles de millones de dólares, además de que el gobierno ha dejado de recaudar ingentes sumas por impuestos no cobrados como resultado de esta actividad delictiva.
La situación se agrava por la evidente necesidad de una estrategia estatal que no se limite a perseguir a los eslabones más bajos de la cadena del delito. Es crucial desmantelar la infraestructura completa de esta red, que incluye a sus operadores financieros, políticos y empresariales, para erradicar la impunidad que la ha perpetuado. La lucha contra el huachicol fiscal requiere, además, una atención coordinada entre México y Estados Unidos, dado que el contrabando tiene un carácter transnacional que demanda un enfoque conjunto.
