La central unitaria de trabajadores (CUT), principal sindicato en Colombia, defiende la manifestación que adquiere el nombre Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y popular, que dio inicio el pasado lunes, convocada para rechazar las políticas gubernamentales que no corresponden a las problemáticas reales que viven las poblaciones campesinas e indígenas en sus regiones.
Así mismo condenaron las retalizaciones llevadas a cabo por el gobierno que han cobrado la vida de tres indígenas en lo que va corrido de las protestas:
«La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia condena estos asesinatos y represión, y exige al Gobierno Nacional brindar la garantía que permita el ejercicio al derecho de la protesta» anuncia el comunicado.
Cabe destacar que desde su inicio, un aproximado de 30.000 campesinos se han adherido participando activamente en las manifestaciones cuyo escenario han sido 45 municipios de 24 departamentos que conforman el país; con el propósito de hacer valer sus derechos; para ello se han tomado las sedes de principales empresas, como es el caso de la del edificio administrativo de Ecopetrol, y han bloqueado diferentes vías comerciales a lo largo y ancho del territorio colombiano.
¿Qué es lo que buscan con el paro agrario?.
Los campesinos e indígenas colombianos se oponen a las políticas publicas que el gobierno ha tratado de establecer respecto a los habitantes de la zonas rurales.
De igual manera han argumentando que la administración no les ha cumplido lo pactado en las conciliaciones relacionadas con manifestaciones anteriores –paro agrario de 2013- ni mucho menos los acuerdos instaurados referentes los diálogos de paz.
Estos grupos se oponen a la incursión de multinacionales, como Cargill, que quieren apoderarse de los recursos expropiando a dichas comunidades, privatizando sus derechos fundamentales como la educación y salud, y propiciando la venda de las empresas publicas. También rechazan y denuncian la violencia originada por grupos al margen de la ley, principalmente la guerrilla y los paramilitares, que operan en las regiones con el patrocinio de diferentes entidades nacionales y extranjeras; situación que se refleja en los constantes homicidios, violaciones, secuestros y amenazas cometidas contra estas comunidades en diferentes zonas del país caribeño.