El martes 29 de septiembre, antes de la votación prevista en el pleno del Senado, el diputado federal migrante Raúl Torres (PAN) y el exsubsecretario de Turismo Simón Levy solicitaron a la embajada de Estados Unidos verificar la situación de nacionalidad de cuatro senadores.
El oficio fue dirigido al embajador Ronald Douglas Johnson y pidió que el asunto se hiciera del conocimiento del Departamento de Estado y de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Los promoventes identificaron al senador Javier Corral Jurado y pidieron aclarar también la situación de Cecilia Guadalupe Guadiana, Ricardo Sheffield y la senadora con licencia Jasmín María Bugarín.
El documento argumentó que, conforme a la legislación estadounidense sobre nacionalidad, aceptar o desempeñar un cargo bajo un gobierno extranjero puede relacionarse con la expatriación, en particular si el cargo exige prestar juramento; esa referencia no demuestra por sí sola que los senadores hayan perdido la nacionalidad estadounidense ni que las autoridades de Estados Unidos hayan iniciado un procedimiento.
El escrito pidió además que los senadores transparentaran si la reforma les generaba un interés o beneficio personal, que quedara constancia de la posición de cada uno y de la determinación de la Mesa Directiva, y que cualquier hecho relevante se comunicara por los canales legales correspondientes.
Sobre Javier Corral, el oficio citó el expediente SUP-RAP-110/2024 del Tribunal Electoral, en el que en enero de 2024 la Sala Superior confirmó su registro como candidato al Senado y determinó que su doble nacionalidad derivaba de haber nacido en Estados Unidos, sin que ello lo hiciera inelegible para esa candidatura; ese antecedente no acredita el estatus actual ante autoridades estadounidenses ni resuelve la aplicación de la reforma propuesta.
La iniciativa presidencial sometida a discusión busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para exigir que quien tenga otra nacionalidad renuncie a ella antes de solicitar registro como candidato a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y plantea que durante el cargo no se pueda adquirir o invocar otra nacionalidad.
La Cámara de Diputados aprobó la minuta el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención; las comisiones del Senado avalaron el dictamen con 23 votos a favor y 9 en contra y lo turnaron al pleno.
La petición a la Embajada fue una gestión promovida en vísperas de la votación y no equivale a una investigación oficial anunciada por el gobierno estadounidense ni a una resolución sobre la nacionalidad de los legisladores mencionados.
Al corte de las 09:36 del 29 de septiembre, la discusión y la votación del pleno del Senado seguían pendientes y no se había informado de una respuesta de la Embajada, del Departamento de Estado o de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos a la solicitud.
