Monterrey, NL, 6 de Marzo.- Legisladores de diversos partidos consideraron trascendente para Nuevo León que el Gobierno de Samuel García haya logrado el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la ampliación del área protegida de la Sierra de Picachos.
Ahora corresponde a la administración emecista trabajar en la integración y próxima publicación del plan de manejo, destacaron los diputados.
Los coordinadores de las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano, Waldo Fernández y Eduardo Gaona, y Mauro Guerra panista y presidente del Congreso, coincidieron en señalar que la ratificación que hizo la Suprema Corte de Justicia re la Nación sobre el decreto de ampliación del área protegida de Picachos, es un primer paso en la conservación de un pulmón natural de Nuevo León, Ahora, refiere el emecista Gaona, la Secretaria del Medio Ambiente debe de proceder a definir el Plan de Manejo que permita definir responsabilidades y acciones de las autoridades estatales, municipales y sociedad en general.
“Ahora se requiere que la autoridad competente invite a los demás actores, para lograr definir un plan de acción, el qué se puede hacer y qué no, a fin de que se logren beneficios para el medio ambiente y los habitantes de los municipios delimitados en el área Protegida”, añadió el coordinador de MC.
Mauro Guerra, presidente re la Mesa directiva del Congreso, dijo que el área protegida de la Sierra de Picachos abre un amplio abanico de oportunidades de desarrollo, siempre dentro de un marco legal que defina derechos y obligaciones.
Añadió el panista que la intención con un Plan de Manejo, es establecer una coordinación entre los involucrados e interesados, quienes deben de acatar sus responsabilidades para invertir en áreas productivas económicas, sin dañar el medio ambiente.
El morenista Waldo Fernández enfatizó que con un Plan de Manejo de deben de establecer los programas de apoyo a los habitantes de los nueve municipios que comprende las más de 170 mil hectáreas de área natural protegidas.
Añadió que no solo se trata de imponerle a los habitantes de esta región por decreto restricciones para generar ingresos propios con negocios o proyectos urbanos, sino entregarles apoyos económicos con programas bien definidos, que les garanticen un bienestar y desarrollo personal y familiar a largo plazo.
