Asegura gobierno que alza en cobro de autopistas se trata de «ajustes» pactados por las anteriores administraciones
Un incremento de entre uno y dos pesos en el cobro de la caseta ubicada en los límites de Guadalupe y Cadereyta, fue el que usuarios de redes sociales denunciaron este viernes.
Mostrando recibos que constataban el incremento en la tarifa los usuarios criticaron el alza en el cobro.
Por su parte el Gobierno del Estado señaló a travez de un comuncado que dicho incremento ya estaba estipulado en los contratos establecidos por administraciones anteriores de la Red Estatal de Autopistas y que el «ajuste» como lo denominaron, fue entre un dos y un cuatro por ciento es decir, uno y dos pesos.
En el escrito Alejandro Robles, Director de Operación de la REA, detalló que los dos tramos carreteros que administra y opera el Gobierno estatal cuentan con cuatro fideicomisos que estipulan un aumento anual.
«Hay compromisos contractuales los cuales no puedes dejar de cumplir. Uno de ellos es la actualización de los derechos de peaje», explicó Robles.
«Esto nos dice que los días 15 de enero de cada año, se haga una actualización de los derechos de cobro».
Añadió que si bien el organismo tiene la obligación de operar y conservar las autopistas, las cuotas no ingresan al Gobierno del Estado sino a cuatro fideicomisos creados en 2003, 2004 y 2014.
La autopista Monterrey- Cadereyta cuenta con dos fideicomisos creados en 2003 y 2004 con una deuda a noviembre del 2015 de 5 mil 500 millones de pesos.
En tanto, el Periférico del Área Metropolitana mantiene dos fideicomisos creados en junio y diciembre del 2014 con una deuda de 8 mil 300 millones de pesos al mismo periodo.
«Las condiciones en que se hizo (cada fideicomiso) pudieron hacer sido mejores pero a nosotros nos toca tratar de enderezar esto y tampoco no podemos, no cumplir los compromisos contractuales».
Los ingresos del tramo Monterrey- Cadereyta están comprometidos hasta el 2036 y en el caso del tramo Periférico del área metropolitana de Monterrey, hasta el 2046.
En caso de no cumplir, el Estado deberá cubrir la totalidad de la deuda.
«Si el Gobierno del Estado decide no cobrar, tendría que pagar cerca de 14 mil millones de pesos y sabemos que la situación actual no lo permite», recalcó Robles.
«Lo que sí es una realidad es que la Red Estatal y un equipo que el Gobernador asignó están buscando alternativas para rediseñar la deuda y buscar mejores condiciones para no estar empeñados hasta el 2046».
