Este lunes por la mañana la Diputada Gloria Treviño presentó una denuncia en la Subprocuraduría Anticorrupción para que se inicie una investigación a la empresa Ceressa, la cual comparte el mismo domicilio fiscal que Mirof. Ambas compañías están involucradas en el caso “cobijagate” y podría existir algún conflicto de intereses.
“Durante la Glosa de Gobierno en el Congreso, le cuestionamos en esta caso al subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales acerca de lo que son la revisiones, en específico de esta empresa llamada Ceressa, empresa que se decida lo que es seguridad Pública y que está relacionada con la empresa Mirof, ya que comparten el mismo domicilio fiscal”.
La legisladora señaló que durante la comparecencia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), se dio a conocer la similitud en el domicilio Consorcio Empresarial Regiomontano Especializado en Seguridad Privada, S.A de C.V. (CERESSA) y Mirof, esta última nunca acudió a los citatorios del órgano fiscalizador, además de que los hermanos Cuauhtémoc Chávez Hinojosa y Hernán Chávez Hinojosa, son parte de la administración en ambas empresas.
“Le cuestionamos de cómo iban las investigaciones acerca de los contratos que se le han asignado y dijo (Ernesto Canales) que no tenía conocimiento y al verificarlo nos comentó que no tenía denuncia alguna para llevar a cabo la revisión y le dijimos en ese momento que íbamos a estarla presentando”.
“Ahora ya con denuncia, se lleve a cabo la investigación hasta las últimas consecuencias, de si procede o no, si le otorgaron y de qué manera le otorgaron los contratos a esta empresa que comparte el domicilio fiscal con la Comercializadora Mirof, que no se le pudo localizar para que fueran a comparecer con la Auditoría Superior del Estado”, aseguró Treviño.
Treviño comentó que para la denuncia se anexaron diferentes notas periodísticas que se han llevado a cabo en los últimos días y agregó que Ceressa otorgó un contrato a más de 30 plantenes en la Secretaría de Educación, y contratos que de gobierno con la compañía de seguridad privada desde el 2016.
“En el 2016 fue al Conalep directamente, uno por casi 6 millones de pesos, otro por 7 millones y medio de pesos y en el 2017 uno más por de 5 millones y medio, también hay un contrato con la Subprocuraduría Anticorrupción de 2 millones 800 mil pesos, aunque de este, lo que tenemos conocimiento es que la adjudicación la hizo directamente el Poder Ejecutivo, esto hace referencia al área de adquisiciones y que nos digan de qué manera fueron asignados todo esto, ya que de la Secretaría de Educación no tenemos el monto de cuantos sería la erogación de este contrato”, manifestó Gloria Treviño.
