El pasado 8 de septiembre, el gobierno de Puebla canceló el permiso de Cabify para operar en la entidad, luego que uno de sus chóferes, Alexis Ricardo fuera vinculado y procesado por el asesinato de la estudiante Mara Fernanda Castillo.
La empresa de Redes de Transporte, hasta entonces, la segunda con mayor número de choferes en este tipo de servicio, comenzó a operar en la entidad desde el 29 de marzo del 2016. Hasta el primer semestre de este año contaba con 149 socios conductores.
La compañía pagó a las arcas del gobierno 164 mil pesos por concepto de la cédula de identificación de los vehículos inscritos en su plataforma, por un costo unitario de 50 mil pesos.
Alfonso Ortíz, Juez tercero de Distrito en Materia de Amparo, negó la suspensión provisional contra la cancelación del permiso para operar, que interpuso la empresa Cabify.
El juez federal negó a Cabify retomar sus actividades en Puebla, canceladas tras el feminicidio de la joven Mara Castilla, presuntamente cometido por un chofer de la empresa.
El juez también argumento que dichas acciones de las autoridades buscan controlar a las personas morales que prestan dicho y de esta forma dar seguridad, equidad de género y respeto a los derechos humanos, por lo que se debe beneficiar a la sociedad y no los intereses particulares de Cabify.
La solicitud de amparo fue presentada el 3 de octubre en contra del Congreso estatal, la ley de transporte local, el reglamento de la ley de transporte y la ley orgánica de la administración pública.
El Juez fijó para la próxima semana una nueva audiencia en la que evaluará las pruebas presentadas por el representante legal de Cabify.
