José Antonio González Anaya, expresó que: “No hay varita mágica, no hay una oración, no hay una sola palabra, no hay manera de reducir todo a una sola cosa que hacer, el trabajo es difícil y continuo. No hay una última reforma en ninguna de las áreas donde hacen falta, hay que seguir trabajando y continuar con la implementación”.
“No me extiendo porque si no me van a comparar con el discurso de Gurría y voy a quedar mal parado”, bromeó el funcionario que en verdad prefirió ya no comentar nada sobre dicho estudio que platea que se debe hacer una reforma al sistema fiscal.
Durante el Foro OCDE México 2018: Un Futuro con Crecimiento e Inclusión, el secretario de Hacienda citó parte del texto que publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en donde recomendó a México realizar una segunda ola de reformas en el país: “México necesita redoblar esfuerzos para seguir mejorando sus políticas para promover un crecimiento más resiliente, incluyente y sustentable”.
De acuerdo con el informe dado por la OCDE, México requiere reforzar sus reformas estructurales, especialmente en materia tributaria para incrementar la recaudación y con ello mejorar los servicios públicos como el de salud, vivienda y seguridad. Para ello es necesario que el próximo gobierno parta de la base de las reformas implantadas y que las ajusten, las mejoren y las complementen.
El informe menciona que si bien en 2013 se realizó una ambiciosa reforma fiscal que permitió incrementar los ingresos presupuestarios del gobierno, aún existe un alto nivel de la población que trabaja en la informalidad y que por tanto no paga impuestos.
El estudio que será entregado a los tres candidatos principales a la presidencia de México, hace referencia a que aún hay más posibilidad de incrementar la recaudación a través de los impuestos prediales recurrentes, y propone también gravar impuestos sobre propiedad inmobiliaria e impuestos verdes, así como implementar un impuesto sobre herencias.
Subraya que se pueden incrementar los esfuerzos para reducir la evasión fiscal mediante la integración de la administración tributaria y la de seguridad social, como parte de una estrategia para aumentar los ingresos fiscales y con ello financiar los gastos necesarios.
