Héctor Díaz Santana, titular de la FEPADE aclaró todas las dudas posibles en una entrevista para Ciro Gómez Leyva.
Una vez conocida la falsa recolección de firmas por parte de los candidatos independientes, el funcionario de la PGR aclaró que el castigo correspondiente de tres a siete años de cárcel no serían de prisión preventiva oficiosa.
“Dentro del marco del nuevo sistema de justicia penal y además de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el tipo penal entra en una alteración en el Registro Nacional de Electores, lo que quiere decir que ese delito se castiga con una pena de tres a siete años de prisión”, señaló.
Díaz Santana, también explicó que habrá tres lineamientos a tomar en cuenta.
El primero es el proceso de revisión por parte del INE, después el proceso criminal y por último y la intervención del Instituto Nacional de Acceso a la Información por el manejo de datos personales.
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