En el salón de clases los niños y adolescentes aprenden, conviven y se relacionan; sin embargo, es donde ellos experimentan a diario una discriminación normalizada, en especial, quienes son de piel morena, tienen alguna capacidad diferente o provienen de comunidades indígenas
Por primera vez, 27 mil 640 niñas, niños y adolescentes mexicanos -55 por ciento mujeres y 45 por ciento hombres- respondieron una encuesta sobre el ejercicio de sus derechos, mediante la cual las autoridades obtendrán ideas para soluciones en materia de política pública.
Así, a fin de cumplir con los ordenamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) llevó a cabo la primera encuesta para conocer la opinión de este sector de la población.
La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, adoptada en 1989, contiene varios principios que sustentan todos los demás derechos de la infancia: la no discriminación, el interés superior, el derecho a la supervivencia y el desarrollo, y la opinión del niño.
De ahí que surgiera este ejercicio, denominado Encuesta OpiNNA 01–Juguemos en las Calles, que estuvo abierto en la Plataforma Participa de Gob.Mx entre el 25 de abril y 15 de mayo de este año.
En un cuestionario de 15 preguntas, en cuatro de ellas se plantearon a los encuestados datos sociodemográficos y 11 de temas, entre ellos discriminación y capacidad diferente.
Por rangos de edad, 45 por ciento de los que participaron tienen de nueve a 11 años, y 31 por ciento de 12 a 14 años, mientras que por grado escolar 57 por ciento de los que respondieron cursaban de cuarto a sexto de primaria.
De acuerdo con los resultados, 56 por ciento de los niños, niñas y adolescentes dijeron que la discriminación sucede todos los días en su escuela, es decir, esa práctica está ya normalizada.
El grupo que experimenta esa situación es el de quienes tienen un color de piel diferente, pues 40 por ciento manifestó que quienes viven más la discriminación son aquellos que tienen la piel morena; seguido de los que tienen alguna discapacidad, con 24 por ciento; y los indígenas, con 16 por ciento.
También en el sondeo se preguntó por qué creen que a algunos niños, niñas y adolescentes que viven con discapacidad los tratan mal en varios lugares, a lo que 45 por ciento respondió como causa, que no les han enseñado a convivir con ellas y ellos.
Además, 24 por ciento dijo que no hay interés en ellas y ellos, y señalaron que las personas que usan sillas de ruedas tienen muchos obstáculos para desplazarse en calles, escuelas y parques.
«El maltrato y la escasez de medidas de nivelación surge de que socialmente se ha marcado una distancia social con esta población: políticas no inclusivas, poca socialización e interés en ellas y ellos», reveló el estudio.
De ahí que los encuestados consideraron que para tratar mejor a las personas con discapacidad se les debe enseñar a convivir más con ellas y ellos, así como adecuar todos los espacios para que puedan desplazarse, y tener así una mejor convivencia.
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Chiapas son los estados de donde se obtuvo la mayor cantidad de respuestas, aunque participaron todas las entidades de la República Mexicana.
La encuesta busca reconocer y aceptar el juicio propio de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad, madurez y desarrollo cognitivo, y colocar su voz como parte de la opinión pública que necesariamente debe ser escuchada y convertida en acciones públicas
En México hay 32.8 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años de edad, que representan 27 por ciento de la población total, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) destaca que la situación que enfrenta ese sector de la población en México es estructural, y se debe fundamentalmente a sus procesos de formación y desarrollo, así como a la relación de poder que sostienen con otras personas para tener acceso a sus derechos reconocidos.
Durante muchos años no fueron reconocidos como titulares de derechos y, a pesar de que existe una legislación que los protege, «todavía se considera a la niñez como una fase previa a la adultez, en consecuencia, sus derechos todavía se ponen en tela de juicio cotidianamente», destacó.
El Sipinna recalcó que la participación debe ser un proceso permanente de expresión libre e intervención activa, a través del cual ellas y ellos pueden opinar, ser escuchados y tomados en cuenta sobre todos los asuntos que impactan en cualquiera de los ámbitos de su vida.
Por ello, se creó OpiNNA, un mecanismo permanente y sistemático que implementa el sistema en el ambiente digital, con la colaboración de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y Comunicación Digital de la Secretaría de Gobernación.
