El gobierno de Estados Unidos mantiene abiertas varias investigaciones contra figuras prominentes del partido Morena, entre ellas los exaspirantes presidenciales Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, por presuntos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero. Así lo reveló la periodista Anabel Hernández en una nueva entrega de su pódcast Narcosistema, con base en fuentes de inteligencia de alto nivel tanto mexicanas como estadounidenses.
De acuerdo con Hernández, los expedientes se elaboraron durante la administración de Donald Trump y forman parte de una lista negra que involucra al menos a 48 políticos mexicanos, en su mayoría vinculados a Morena. Entre los señalados se encuentran actuales legisladores, gobernadores y exfuncionarios que participaron activamente en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
Uno de los casos más delicados es el de Gerardo Fernández Noroña, actual presidente de la Cámara de Senadores. Según fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina citadas por Hernández, las primeras alertas contra Noroña surgieron entre 2023 y 2024, cuando fungía como vocero en la campaña presidencial de Sheinbaum. El informe indica que el senador habría recibido más de dos millones de dólares por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, sin que hasta ahora se confirme si ese dinero fue utilizado en gastos electorales.
Un alto funcionario consultado para el reportaje confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación activa sobre Fernández Noroña, bajo sospechas de financiamiento ilícito y vínculos con organizaciones delictivas.
En el mismo reporte, la periodista menciona a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, como otro de los funcionarios bajo investigación desde 2020. Se le relaciona con Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán —conocidos como Los Chapitos—, quienes presuntamente lo habrían apoyado para llegar al Senado en 2018 y posteriormente a la gubernatura en 2021. Además, se le vincula con Sergio Carmona Angulo, apodado el “Rey del Huachicol”, señalado por operar redes de financiamiento ilegal.
Por su parte, Alfonso Durazo Montaño, actual gobernador de Sonora, también figura en las investigaciones estadounidenses. Aunque los detalles de su expediente no han sido revelados en su totalidad, fuentes de la periodista afirman que el gobierno norteamericano lo mantiene bajo observación por posibles nexos con redes de financiamiento ilícito durante su paso por la administración pública.
La lista de implicados se extiende a otros mandatarios estatales: Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfredo Ramírez Bedoya (Michoacán), Américo Villarreal (Tamaulipas), María Elena Lezama Espinosa (Quintana Roo) y Samuel García (Nuevo León), este último del partido Movimiento Ciudadano.
Marina del Pilar y su esposo, Carlos Torres, fueron los primeros en confirmar públicamente la revocación de sus visas para ingresar a Estados Unidos, en lo que parece ser parte de una estrategia diplomática silenciosa entre Washington y México. Hernández sostiene que criminales detenidos en EE.UU. han cooperado con testimonios y pruebas documentales para sustentar las acusaciones.
Otro caso relevante es el de Arturo Ávila, diputado federal y exvocero de la campaña presidencial morenista, quien es investigado tras la adquisición de una propiedad valuada en 4.8 millones de dólares en California.
En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama habría ordenado —según fuentes de la Secretaría de Marina— la liberación de José Gil Caro Quintero, presunto líder criminal y sobrino de Rafael Caro Quintero, capturado en Cancún en 2023.
Finalmente, el pódcast señala que al menos un integrante del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum está al tanto de estas investigaciones, aunque hasta el momento no se ha confirmado si la presidenta ha sido informada oficialmente. Las autoridades estadounidenses mantienen lo que califican como “alerta roja diplomática” respecto al creciente involucramiento de figuras políticas mexicanas con el narcotráfico y otras redes delictivas.
