Bajo el análisis del artículo de opinión publicado esta mañana por el senador de la República, Lic. Waldo Fernández, y tras un exhaustivo estudio de los datos que me llegan con cada uno de los reportes de servicio atendidos en la zona citrícola, me he decidido a elaborar este artículo para exponer la grave situación que enfrentan los bomberos en Nuevo León. Agradezco al senador que haya llevado esta problemática a la Cámara de Senadores.
Actualmente, los cuerpos de bomberos en el estado sobreviven gracias a donaciones y colectas, una situación insostenible para una entidad que ha registrado más de 300 incendios en un solo día. La pandemia solo agravó la crisis, obligando al cierre de estaciones por falta de recursos. Además, la falta de apoyo institucional se refleja en un déficit en capacitación y entrenamiento, con bomberos que incluso han tenido que costear su propia formación y equipo en el extranjero. El problema no se limita únicamente al nivel estatal; en muchos municipios la situación es aún más crítica, pues ni siquiera cuentan con seguridad social. Muchos de nuestros bomberos se ven obligados a trabajar con horarios denigrantes, en condiciones aún peores y bajo el esquema de trabajo “meritorio” o “voluntariado”. Es paradójico que quienes arriesgan su vida para salvar a otros no tengan garantizados sus derechos básicos.
En 2023, se presentó una iniciativa en el Congreso de Nuevo León para conceder 82 millones de pesos a un fondo de emergencias, lo que representaba una medida positiva, pero insuficiente. Este presupuesto poco o casi nada mejoró la calidad de vida de nuestros bomberos ni garantizó la certeza laboral ni el acceso a seguridad social en los municipios. Se propuso incluso convertir a estos trabajadores en servidores públicos del estado, pero la iniciativa fue rechazada, lo que refleja la falta de voluntad política para saldar una deuda histórica con estos trabajadores esenciales. No basta con discursos de gratitud o ceremonias simbólicas; se requieren acciones concretas. El reciente anuncio de un aumento en los recursos por parte del gobierno de Nuevo León para los bomberos es un paso positivo, pero insuficiente. La solución real pasa por integrarlos a la nómina estatal, garantizar un presupuesto digno y establecer mecanismos de financiamiento sostenibles. La seguridad de los ciudadanos depende de ello.
Es momento de que el gobierno y el Congreso de Nuevo León dejen de postergar esta responsabilidad y actúen en favor de quienes, día tras día, protegen nuestras vidas. Hoy, la problemática se encuentra en estudio en la Cámara Alta, y el legislador Waldo Fernández, consciente de la deuda histórica que tenemos con los bomberos, busca dar certeza a quienes arriesgan su vida por salvar la nuestra.
