Ciudad de México. – La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la reforma de supremacía constitucional, un paso importante que se alcanzó tras una votación de 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención en la sesión ordinaria del 30 de octubre. La iniciativa, que ya había sido aprobada en el Senado de la República, busca modificar el artículo 107 y adicionar un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la prohibición de impugnaciones a futuras reformas constitucionales.
Los objetivos de la reforma constitucional
La propuesta de reforma pretende fortalecer la supremacía constitucional y establece que sólo los legisladores federales y las legislaturas estatales pueden realizar modificaciones a la Constitución, bloqueando la posibilidad de que sean impugnadas. Según sus promotores, esta enmienda garantizará la estabilidad de la Carta Magna y consolidará los principios fundamentales del constitucionalismo en México.
Gabriela Valdepeñas González, diputada de Morena, explicó que el propósito de la reforma es “clarificar, para quienes consideran que una reforma constitucional es impugnable, que no hay supremacía judicial sobre la Constitución”. Esta postura sostiene que el texto constitucional es la norma suprema y no debería estar sujeta a interpretaciones judiciales que la modifiquen.
Críticas de la oposición y la postura del PAN
Durante la discusión, la oposición manifestó una postura contraria a la reforma. En particular, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron que esta enmienda representa una amenaza al sistema de contrapesos, argumentando que busca blindar reformas controversiales impulsadas por la llamada Cuarta Transformación (4T).
Federico Döring, diputado del PAN, fue uno de los críticos más enfáticos, afirmando que la reforma es un intento de Morena para consolidar su influencia y evitar que el Poder Judicial intervenga en decisiones fundamentales. “Es un intento de venganza judicial y una manera de blindarse ante la posibilidad de perder en la Corte”, acusó Döring en su intervención en la Cámara Baja. Como protesta, miembros de su bancada llevaron lápidas y veladoras a la Tribuna, en señal de duelo por lo que consideraron como un “atentado” contra la Constitución.
Con una ofrenda simbólica, los diputados del PAN criticaron la reforma, aludiendo a que “Morena está matando a la Constitución”. Ania Gómez, también diputada del PAN, hizo uso de la palabra para enfatizar esta crítica: “Les traje la Constitución, no para que la lean, porque ya sabemos que no la leen, sino para que le pongan un altar porque la están matando hoy”, sentenció.
La defensa de Morena: Un paso hacia la claridad constitucional
En respuesta a la postura opositora, el grupo parlamentario de Morena defendió la reforma, argumentando que el objetivo de la misma es evitar la intervención judicial en decisiones de la Constitución, defendiendo así su autonomía. La diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, enfatizó la importancia de que las reformas a la Constitución se respeten y no se vean sujetas a impugnaciones que puedan obstaculizar la legislación.
Padierna subrayó que la reforma busca “garantizar que el Congreso de la Unión tenga la facultad exclusiva de modificar la Constitución, sin intervención de otras instancias, para preservar los principios fundamentales de la nación”.
Aprobada en lo general, la reforma pasará ahora a la discusión en lo particular, donde se revisarán las reservas presentadas por distintos grupos legislativos. La aprobación final en la Cámara de Diputados dependerá de esta discusión, y de ser aprobada, pasará a las legislaturas estatales para su ratificación.
Esta reforma plantea un cambio significativo en la manera en que se perciben y procesan las modificaciones constitucionales en México, limitando la posibilidad de que cualquier adición o modificación en la Constitución pueda ser impugnada o revertida en el ámbito judicial. En caso de aprobación definitiva, este cambio afianzará el papel del Congreso y de las legislaturas estatales como los únicos entes capaces de intervenir en la Constitución, eliminando así la participación del Poder Judicial en esta área específica.
