Un cambio significativo en la estructura de seguridad en el país.
La reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional en México marca un cambio significativo en la estructura de esta fuerza de seguridad. Con la eliminación del mando civil, 2 mil elementos de la Guardia Nacional serán retirados de su función actual para ser incorporados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta decisión fue ratificada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, reforzando así el control militar sobre la Guardia Nacional.
La reforma no solo transfiere el mando completo a la Sedena, sino que también permite la reasignación de los elementos a otras ramas de las fuerzas armadas, como el Ejército y la Fuerza Aérea. Además, faculta a la Sedena para clasificar y reasignar a los miembros conforme a las necesidades del servicio. Otra de las novedades es la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional puedan postularse a cargos de elección popular, siempre y cuando se separen de su puesto con anterioridad.
Este movimiento se inscribe en un contexto más amplio de militarización de la seguridad pública en México, un tema que ha suscitado críticas de organizaciones humanitarias y expertos. Estas voces advierten sobre el creciente control militar en funciones tradicionalmente civiles, lo que podría tener implicaciones para el respeto de los derechos humanos en el país. La reforma, promovida por el actual gobierno, busca consolidar la presencia militar en la seguridad nacional, cerrando un ciclo que comenzó en 2019 respecto a la integración del Ejército con la Guardia Nacional.
El retiro de 2 mil elementos de la Guardia Nacional representa, por lo tanto, un paso en esta transición hacia un modelo de seguridad pública más militarizado, cuyo impacto y efectividad deberán ser analizados en el contexto de los retos actuales en materia de seguridad y derechos humanos en México.
