El Consejo Cívico lamenta que a dos años de la administración estatal no exista un planteamiento claro por parte del gobierno de Nuevo León para reestructurar el sistema de transporte público, y en este escenario se ponga en la mesa una propuesta de incremento en las tarifas del servicio para 2018.
Reprobamos que los organismos integrantes del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV) no hayan sido consultados a lo largo de dos años para ninguna de las reformas, tanto del bono preferente de transporte a estudiantes, como la creación de consorcios para el transporte público.
El pasado 11 de diciembre, después de dos años sin sesionar, la titular del CETyV convocó a una reunión, en la cual el titular de la Agencia Estatal de Transporte hizo el planteamiento de incrementar 1 peso la tarifa del transporte público y elevar a 30 pesos el banderazo de vehículos de alquiler. El único argumento que sostiene esta propuesta es el impacto que ha tenido para los transportistas y taxistas las alzas en los combustibles. No hay ningún planteamiento sobre el impacto que tendrían estos aumentos sobre los bolsillos de los usuarios.
Tomando en cuenta la falta de visión estratégica clara en cuanto al futuro de un sistema integral de movilidad en el área metropolitana y considerando el alza de precios y la inflación que han afectado esta año a los hogares de Nuevo León, hay preocupación con respecto a un incremento en la tarifas del transporte público.
Factores como la falta de calidad en las condiciones actuales en el servicio de transporte público; los altos costos; los ineficientes tiempos de traslados y la baja conectividad urbana, son parte de los motivadores que implican que los usuarios del transporte público decidan usar otros medios de transporte, y que se han traducido en el mayor uso de automóviles privados, congestionamiento vial, y mayores niveles de contaminación ambiental.
Incluso, en lo que presenta la AET, no se han visto propuestas claras para la sustitución gradual de los actuales camiones de diesel a opciones modernas que impacten en menor medida en las condiciones ambientales, e incluso que favorezca la reducción de costos de los mismos transportistas. Esta deficiencia evidencia la falta de un enfoque integral de la actual administración estatal.
Por lo mismo, consideramos urgente que se presenten planes claros para una reestructura integral, que permitan incluso rediseñar la fórmula con la que se calculan actualmente las tarifas del transporte público, misma que debería de tomar en cuenta otras variables, no solo las basadas en el criterio e intereses de los transportistas.
