México ha dado pasos legislativos para frenar el greenwashing —la publicidad que exagera, inventa o no demuestra atributos ambientales—, pero al 20 de septiembre no quedó corroborada la existencia de una prohibición federal definitiva, publicada y vigente que ya imponga multas millonarias de manera general por esa práctica.
El avance confirmado ocurrió el 30 de mayo de 2025, cuando la Comisión de Defensa de los Consumidores del Senado aprobó un dictamen para combatir las afirmaciones ambientales engañosas en la publicidad.
La propuesta busca impedir que empresas utilicen expresiones como “verde”, “eco” o “climáticamente neutro” si no cuentan con información verificable que las respalde. En otras iniciativas registradas ante el Sistema de Información Legislativa también aparecen términos como “biodegradable” y restricciones al uso de avales, certificaciones o cualidades ecológicas sin sustento.
El punto central de las reformas en discusión es que las afirmaciones ambientales no se queden en el empaque, la campaña o el eslogan. Las iniciativas plantean que esos mensajes tengan respaldo técnico, científico, fidedigno y objetivo, además de que no omitan información relevante para las personas consumidoras.
Sin embargo, un dictamen aprobado en comisión no equivale a una ley obligatoria. Tampoco una iniciativa en trámite se convierte por sí sola en una reforma vigente. Para ello, el proceso debe concluir en el Congreso, publicarse en el Diario Oficial de la Federación y establecer su entrada en vigor.
La revisión disponible encontró que el SIL todavía registraba en 2026 iniciativas relacionadas con publicidad ambiental engañosa. No confirmó, en cambio, la publicación de una reforma federal final que establezca un régimen específico y plenamente operativo contra el greenwashing en todo el país.
En ese contexto, las cifras de sanciones de entre 20 y 50 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes en algunos análisis a montos de hasta alrededor de 5.8 millones de pesos, deben tratarse con cautela. Esos rangos fueron difundidos en análisis secundarios, pero esta revisión no logró corroborarlos como una multa nueva, específica y vigente para castigar el greenwashing de forma general.
La Procuraduría Federal del Consumidor aparece en los documentos y reportes revisados como una autoridad central en la vigilancia de publicidad engañosa. Aun así, no se confirmó que exista un nuevo esquema nacional de inspección, lineamientos oficiales o primeras sanciones aplicadas específicamente bajo una regla federal nueva sobre publicidad verde engañosa.
El debate no es menor. En agosto de 2024 se reportaba que México no contaba con una regulación específica para sancionar el greenwashing. Desde entonces, el tema avanzó en el Senado con propuestas que buscan dar herramientas más claras para exigir pruebas a las empresas que presumen beneficios ecológicos.
Por ahora, la diferencia sigue siendo clave: hay un proceso legislativo documentado y propuestas para endurecer la publicidad ambiental, pero no una confirmación de que las multas millonarias ya estén vigentes y puedan aplicarse de forma general en México.
