Los 22 detenidos por la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa podrían quedar en libertad debido a diversas fallas en el proceso de investigación.
La decisión de un juez de amparo podría poner en riesgo el curso de una de las más importantes investigaciones de la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes ocurrida al sur del país hace más de un año.
Primero, expertos internacionales tumbaron la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), que aseguraba que los jóvenes fueron asesinados por sicarios del narcotráfico y quemados en un basurero del estado de Guerrero. También denunciaron casos de obstrucción a la justicia por parte de diversas autoridades.
Ahora es la propia justicia mexicana la que advierte de errores e inconsistencias cometidas por los primeros investigadores que se acercaron al lugar de los hechos y cuyo trabajo es la base de la mayoría de los procesos penales que se encuentran en marcha.
La sentencia del juez, fechada a finales de 2015 pero que no ha salido a la luz pública hasta ahora, ordena corregir los errores de la investigación que se sigue contra 22 de los policías acusados de cuatro de las seis muertes que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron víctimas de un ataque armado.
El fallo, al que tuvo acceso Associated Press, dice que la fiscalía estatal “no efectuó un análisis amplio y acucioso” de los hechos y considera que los vínculos de los policías con los homicidios no están ni probados, ni fundamentados, ni motivados, por lo que exige al juez que corrija los “vicios” del caso y dé los “razonamientos lógico-jurídicos” y las pruebas que puedan sostener los cargos.
En caso contrario, los agentes podrían ser exonerados.
El documento se refiere sólo a cuatro homicidios pero abogados y analistas sostienen que su repercusión podría ir más allá porque los 22 policías amparados también están procesados, en otro expediente, por la desaparición de los 43 estudiantes y los autos de detención de la mayoría del resto de los detenidos, que son más de un centenar, los realizaron las mismas autoridades cuyo trabajo es cuestionado ahora.
La Procuraduría de Guerrero fue la encargada de consignar los hechos y evidencias de los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y llevó toda la investigación durante 21 días.