Tras darse a conocer que el Gobierno estatal pretende contratar un intermediario para reestructurar una parte de la deuda de Nuevo León, las voces en contra de esta acción no se han hecho esperar.
Este sábado, el Tesorero Estatal, Carlos Garza, dio a conocer la intención del Estado de reestructurar 48 mil millones de pesos en deuda mediante la contratación de una asesoría legal externa, aunque no especificó el costo que ésta acción tendrá para las finanzas estatales.
Ante esta situación, el Diputado priista Eugenio Montiel cuestionó el plan del Gobierno estatal principalmente por el papel de Fernando Elizondo en la Administración.
El legislador, cuestionó la Coordinación Ejecutiva que preside Elizondo, pues señala en un principio se creó precisamente para permitir al ex panista atender las finanzas estatales, además de que cuesta 40 millones de pesos anuales al erario público, como para pedir ayuda extra y pagar aún más por ella.
«¿Qué no era la experiencia en tema de deuda el mayor atributo de Don Fernando Elizondo para que forme parte de este Gobierno, e incluso, haberle creado una dependencia que nos cuesta mas de 40 millones al año, como para que ahora se quiera duplicar este gasto con una contratación externa?», cuestionó Montiel.
“Por lo anterior y por los contantes comentarios y criticas de este gobierno al anterior, en sentido del despilfarro y excesivo gasto corriente, es que no entendemos ahora siquiera que se atreva el Señor Tesorero a proponer algo así, aunque técnicamente sea procedente, pues refleja un cierto grado de cinismo al mostrar un doble lenguaje que en nada le ayuda a la imagen de un nuevo gobierno independiente que va en franco deterioro”, apuntó Eugenio Montiel.
«Mañana, como Presidente de la Comisión de Hacienda, haré una respetuosa solicitud de información al señor Tesorero a fin de despejar dudas que nos lleven a emitir una opinión técnica. Al día de hoy, y en forma a priori, nos parece de sobra».
También señaló: “Este caso, toda proporción guardada, parece un «Déjà vu» que nos hace recordar cuando la entonces alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes pretendía asignar sin concurso, un contrato a un broker para reestructura su deuda y cuyos honorarios por 64 millones de pesos, hizo que se polemizara el tema, lo que finalmente por intervención de los Regidores del PRI, se logró cancelar, sin embargo constituyó uno de los descalabros iniciales de ese gobierno”.
Por su parte, la fracción del PAN, señaló que el Estado tiene gente capacitada para reestructurar deudas, por lo que la Entidad estaría pagando una doble tarea de concretarse la contratación.
El legislador albiazul Daniel Carrillo, señaló que en caso de que se contrate asesoría, la condición es que sea sin costo al erario.
«El Estado tiene una unidad de registro de deuda pública, que es lo que se utiliza para registrar a los municipios, y hay especialistas que tienen contactos no sólo con las calificadoras de deuda, sino también con gente que ha hecho reestructuras previamente», expresó Carrillo.
«Confiamos en que tienen la capacidad, que esto sea sólo asesoría sin costo para el Estado, si no se estaría cayendo en doble implementación y otra vez en algo que se ha criticado en Administraciones anteriores».
El diputado panista agregó que esos recursos que pagaría el Estado al asesor podrían ser utilizados en remodelación de escuelas, hospitales o plazas públicas.
