¿Hacia dónde están encaminadas las intenciones del Gobierno Federal para resolver el conflicto magisterial actual?
Para poder vislumbrar cuáles son las causas del conflicto que tiene el magisterio con el gobierno federal, quizá además de entender los cambios puntuales de la reforma educativa, habría que entender en qué condiciones se promulgó; con el fin de comprender los propósitos políticos y lo que está en juego.
El año 2012, fue uno de los procesos electorales más disímiles en comparación con todos los vividos en la historia mexicana. El PRI, con su candidato Enrique Peña Nieto, se apuntaba como el favorito ante una alianza PRD-PT-Movimiento Ciudadano, representada por Andrés Manuel López Obrador; quien ya había quedado en 2do lugar en las elecciones de 2006, en el proceso electoral más reñido de la historia de México. En este proceso López Obrador traía menos simpatizantes y lo más curioso fue que el partido del presidente actual, el PAN, no se veía ni cerca en la competencia por ganar las elecciones.
Otro evento sin antecedentes fue la expulsión de Peña Nieto de las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, por parte de los alumnos. Sin antecedentes porque nunca en una escuela privada había surgido un descontento estudiantil centrada en la política nacional. Esto debido al historial que tenía el candidato del PRI durante su mandato como gobernador del Estado de México, donde mandó a reprimir al pueblo de San Salvado Atenco; quienes protestaban en contra de la construcción de un Aeropuerto en su territorio. Esta represión tuvo como saldo decenas de heridos, 2 jóvenes muertos y 20 mujeres violadas; un acto que se convirtió en noticia nacional e internacional, provocó un descontento generalizado y la eventual cancelación del proyecto del aeropuerto.
Y eso no fue todo, sino que unas semanas después del incidente en la Iberoamericana, cientos de instituciones educativas se proclamaron en contra de la candidatura de Enrique Peña Nieto y se organizaron asambleas dentro de las escuelas y entre las diferentes escuelas. Se proclamaban en contra de su candidatura tanto por los actos de violencia generados en San Salvador Atenco, como de la propaganda que hacían de él en la televisora más importante del duopolio televisivo mexicano, Televisa.
Después de muchas asambleas, marchas y proclamarse a favor de la mayoría de los movimientos sociales vividos en el país; el movimiento estudiantil llamado 132 terminó por extinguirse pocos meses después de que las elecciones se celebraran. Al final ganó Enrique Peña Nieto en unas elecciones donde la participación no rebasó el 63%, ya que muchos de las personas descontentas tampoco creían en los demás candidatos; además que de que la participación electoral mexicana sólo en 1982 y 1994 han pasado del 70%.
Por Peña Nieto votaron 19 millones de personas, el 24% del padrón electoral; y por López Obrador un poco menos de 16 millones, casi el 20% del total del padrón. Al final hubo algunas quejas tanto de López Obrador como de integrantes del 132 porque el partido de Peña Nieto entregó despensas, una vieja costumbre de los partidos políticos mexicanos; pero no terminó en nada.
El 1o de diciembre Peña Nieto asumió la presidencia, en un evento que siempre será recordado por el enfrentamiento de todo el día entre grupos de jóvenes encapuchados contra la policía; las bombas molotov contra los gases lacrimógenos y las balas de goma. El saldo fue de un muerto y varios lesionados y detenidos.
Al día siguiente 2 de diciembre Peña Nieto acuerda el Pacto Por México con los presidentes de los 3 partidos políticos más fuertes; PRI, PAN y PRD. Dentro de todo el descontento y la poca popularidad, un acuerdo político con el fin de llegar a ciertas soluciones para la situación de pobreza, violencia y desempleo; no parecía una mala idea. Dentro de los acuerdos se hablaba de una reforma educativa, la cual fue presentada por Peña Nieta y aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre y el 21 por la de Senadores. Promulgada durante 2013 junto con la Ley Federal de Educación, la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación para la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Esta fue una de las 10 “reformas estructurales” propuestas por Peña Nieto, al inicio de su mandato. Con lo cual quería ganar la confianza de los ciudadanos, quienes tanto lo repudiaban por redes sociales y eventos públicos. Sin duda el objetivo de estas 10 reformas fue dar una mejor imagen de sí mismo tanto los ciudadanos y los gobiernos extranjeros. Incluso la revista Times de Estados Unidos le dio la portada de uno de sus números, poniendo como título Saving Mexico (Salvando a México). Unas reformas que desde el principio López Obrador declaró que tenían la finalidad la privatización del país, una frase que podríamos decir que fue su primer slogan de campaña para las elecciones de 2018.
Si analizamos cuál fue el objetivo de Peña Nieto para planear esta reforma en el sistema educativo me parece que, más allá de mejorar la calidad educativa, era tener evidencias cuantificables para medir el desempeño del docente. Una estrategia utilizada desde el año 2004 en Estados Unidos por los gobiernos de Bush y Obama, la cual no ha generado los resultados esperados e inclusive el descontento de muchos maestros y padres de familia (ver http://www.jornada.unam.mx/2013/07/28/politica/002n1pol).
Otro objetivo de está reforma era quitarle el poder a los sindicatos educativos en cuanto a las cuestiones pedagógicas (aunque la reforma confunde lo pedagógico con lo evaluativo), para dárselas a organismos más autónomos.
Este segundo objetivo no me parece negativo cuando analizamos la situación de los sindicatos en el país; desde su origen en los años 30 y 40. La historia de los sindicatos es una historia de beneficios a cambio de alianzas políticas, también de corrupción y de desvíos de recursos; intentar de negarlo sería pecar de románticos ante tantos casos expuestos a lo largo de la historia mexicana.
Desde el 2013 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se proclamó en contra de la reforma educativa. En un primer momento el movimiento no tuvo tanto arraigo en la población.
Conforme pasó el tiempo la actitud del gobierno no cambió, se daba la imagen de que la reforma educativa era un éxito y las autoridades ignoraban a los maestros que se manifestaban; aunque no eran tantos.
Este año la situación se agudizó. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, decidió que la posición del gobierno contra los maestros disidentes era la de obligar al acato. La supuesta innovación en el sistema educativo se debía de imponer de facto sin que hubiera espacio para el diálogo ni la conciliación.
Lo primero que hizo fue hacer obligatoria la evaluación que proponía la reforma. De esta manera el discurso de Nuño ha sido el de la supuesta legalidad. Al ser la reforma un documento ya aprobado por la cámaras, los maestros están (según su criterio) en la obligación de acatarla y cumplir con sus obligaciones laborales; en lo que sonaba a una amenaza a los maestros que se han ausentado de sus clases para manifestarse políticamente.
Así más de 3,000 maestros han sido despedidos este año por razones políticas; algunos por no presentarse a las evaluaciones de la SEP, otros por acumular 3 faltas injustificadas (quienes obviamente estaban en una actividad política). Esa fue la forma de Nuño para resolver el movimiento magisterial en contra de la reforma: la amenaza de despidos y su supuesto cumplimiento.
Después de eso la detención de 2 líderes sindicales de una de las secciones más activas políticamente de la CNTE, la Sección XXII. A estos líderes se les acusó de lavado de dinero y corrupción, lo cual para unos líderes sindicales no suena descabellado. Sin embargo queda la duda de ¿por qué los líderes detenidos fueron perseguidos a la mitad del descontento con el gobierno? Si se está persiguiendo a la corrupción de los líderes sindicales, deberían de hacerlo en los distintos sindicatos, pero no; justamente fue a los de la Sección XXII cuando también hay líderes del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) que podrían ser implicados.
Así la segunda estrategia de Nuño ha sido el uso de los casos de corrupción para persecución de personas que están en descontento con el gobierno; otra de las estrategias del gobierno para utilizar el sindicalismo corporativizado a su favor.
La 3er estrategia no se si adjudicársela a Aurelio Nuño porque me parece que tienen mayor responsabilidad las altas esferas de la policía federal; como el comisionado Enrique Galindo. Ya que este domingo cientos de policía se enfrentaron a integrantes de la CNTE y pobladores de la sierra mixteca en Nochixtlán, Oaxaca. Imágenes de periodistas nacionales e internacionales nos muestran como la policía utilizó armas de fuego y dispararon directamente a los manifestantes, quienes mantenían un bloqueo en la carretera; donde murieron 6 personas y hubo más de 90 lastimados.
Incluso ayer lunes Nuño reiteró la poca disponibilidad al diálogo, ya que mantiene que cumplir con la reforma es una obligación constitucional, sobre todo para los servidores públicos. Una actitud de total autoridad en contra de los manifestantes. El gobierno federal con el afán de calmar los ánimos ha decidido crear una mesa de diálogo entre líderes del CNTE y Gobernación, pero no con el fin de acordar una reforma laboral que beneficie a todos sino con el de calmar las cosas en Oaxaca. El discurso de la autoridad sigue siendo de imposición de la reforma.
Nuño por su parte se preocupa más, en las conferencias de prensa, de culpar a López Obrador por apoyar el movimiento magisterial como una estrategia política; que en pensar en alguna estrategia de resolución fuera de las medidas autoritarias.
Por el otro lado encontramos cómo en las poblaciones más humildes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán cada vez es más cercana la alianza entre el movimiento magisterial y la población civil. El descontento por el ataque a una de las poblaciones laborales con buenos niveles de vida (los maestros) en comunidades que están atacadas por la pobreza, hambre y falta de empleo; ha hecho que el gobierno se convierta en un enemigo común para las regiones más pobres.
Mientras tanto López Obrador llama a todos los afiliados de su nuevo partido, Morena, para engrosar las manifestaciones en contra de la reforma educativa; en un acto que parece más de proselitismo que de activismo político. También Nuño cae en el juego y lleva a la atención a la figura de Obrador. Y por eso me pregunto ¿realmente las acciones del Gobierno Federal van encaminadas hacia la mejora de la calidad educativa? ¿O tan sólo siguen el juego de la agenda electoral política?
